CÁTEDRA ZARAGOZA VIVIENDA

Convenio de colaboración entre la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y la Universidad de Zaragoza

Conclusiones y materiales de la Jornada sobre "sistema hipotecario y exclusión residencial"

Fieles a nuestro compromiso de procurar la máxima difusión de los resultados de las actividades de la Cátedra a través de las redes incorporamos los materiales resultantes de la Jornada del pasado día 24 de enero de los que disponemos. La Jornada fue rica en diálogo y conclusiones, que sirven de estímulo al trabajo que hemos de desarrollar este año 2013 conforme al programa de actuación ya aprobado, del cual daremos cuenta en breve en la web.

Con presencia de ponentes de orígenes, formación y profesión muy diversos (estadísticos, judicatura, registradores, activistas del derecho a la vivienda, juristas, entre otros) el objetivo fundamental que perseguíamos, que era impulsar el debate sobre las diferentes visiones y propuestas de replanteamiento de la normativa hipotecaria, de enjuiciamiento civil, de arrendamientos urbanos y fiscal para hacer frente a la grave crisis social derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria, se han conseguido. El año 2013, no obstante, la Cátedra seguira profundizando en sus actividades en esta temática.

Han sido muchos los temas abordados y variadas las conclusiones alcanzadas, que demuestran la confluencia de los análisis de la situación que se realizan desde posiciones muy diferentes. El problema inmobiliario aparece como la punta del iceberg de una crisis del sistema representativo, que no cuestiona la democracia sino la relación entre representados y representantes, que se considera contaminada por intereses de terceros. En ese contexto nos enfrentamos a una grave crisis social, no sólo económica, en la que muchos ciudadanos, muchas familias, tienen graves problemas para satisfacer necesidades básicas, en la cual la pérdida de la vivienda se ha convertido en factor determinaciones de exclusión social cuando, de acuerdo con la Constitución y los compromisos internacionales de España, su provisión debería ser herramienta básica de inclusión.

Para ello, existe consenso acerca de la necesidad de reformas, incluso de las cuestiones a reformar, aunque no de las soluciones que finalmente se adopten. Se plantea, primero, la necesidad de profundizar en la regulación, obligatoria y no puramente indicativa para las entidades de crédito, del crédito responsable como instrumento fundamental para prevenir el sobreendeudamiento de las familias. Asimismo, el acento no sólo debe ponerse sobre las situaciones en las que ya se ha llegado a la ejecución hipotecaria, sino que, mucho antes, es preciso establecer normas claras, imperativas y protectoras de los consumidores en relación con las cláusulas abusivas presentes en muchos préstamos con garantía hipotecaria que, en ocasiones, pueden llegar a determinar mora y ejecución de la hipoteca.

En ese contexto, los movimientos ciudadanos y asociativos se están percibiendo como una auténtica palanca de cambio social y normativo, como un elemento dinamizador de reformas normativa. Son, además, herramientas que para muchos ciudadanos han servido para poder hacer frente a una situación, como la de mora en el pago de sus préstamos, ante la que estaban solos y que consideraban inabordable. Los movimientos ciudadanos y asociativos, en fin, surgen también como consecuencia de los problemas del sistema representativo, no cuestionando la democracia, pero sí exigiendo que los intereses que atiendan prioritariamente los representantes políticos sean los intereses generales y ciudadanos.

También se han abordado los problemas de la judicatura, no tanto del poder judicial cuanto de los jueces que, en el día a día, han de hacer frente a ejecuciones hipotecarias en las que su margen de apreciación, su poder para juzgar y resolver conflictos jurídicos, resulta nula. El problema, como ocurre con el propio sistema representantivo, se pone de manifiesto durísimamente desde esta perspectiva, que, de nuevo, es la punta de un iceberg en el que la insuficiencia de medios de todo tipo para la judicatura, magníficamente ejemplificada por unos sistemas informáticos obsoletos e incompatibles entre sí en el conjunto del Estado, convierte la justicia en algo tardío, difícil de conseguir con rapidez y ahora, como consecuencia de la Ley de Tasas, inabordable económicamente para muchos.

Finalmente, como es lógico, el acento se pone sobre los poderes públicos, responsables últimos, aunque no exclusivos, de la situación y  competentes para impulsar y aprobar las reformas que se consideran precisas para afrontarla. De ellos se piden normas imperativas y no códigos voluntarios, cuyo fracaso se está demostrando día a día, la limitación del sobreendeudamiento, la regulación de la dación en pago (con alternativas diversas que van desde su previsión como posible medida a adoptar en sede judicial, hasta su regulación directa en la normativa hipotecaria y de enjuiciamiento civil, incluso con carácter retroactivo), el establecimiento de moratorias en el pago o en la ejecución (y no simplemente en el lanzamiento, que implica únicamente demorar la soluación del problema) o la regulación efectiva de un sistema de alquiler social, en mano pública y no de las entidades de crédito ejecutantes de hipotecas. La iniciativa legislativa popular impulsada desde la PAH y otros colectivos, y que empieza a ser apoyada incluso por administraciones públicas (como el propio Ayuntamiento de Zaragoza) se considera un instrumento óptimo para llevar ese debate a sede parlamentaria y reconstruir el consenso ciudadano y político.

En definitiva, se trata de construir, desde el consenso ciudadano, social y político, un nuevo modelo de provisión de vivienda, más equilibrado en todos los sentidos, tanto en lo que respecta a la relación entre alquiler y propiedad como en lo relativo al equilibrio entre partes, hoy inexistente. Para ello, además, unánimemente se consideran totalmente insuficientes las medidas adoptadas por los últimos Reales Decretos-ley tanto en lo relativo al código de buenas prácticas, cuyos resultados prácticamente son nulos, como en lo que respecta a la protección de deudores hipotecarios, por su reducidísimo ámbito de aplicación, su propia concepción como paralización del lanzamiento tras la ejecución y, en lo que respecta al Fondo Social de Vivienda, su concreta articulación, de nuevo en mano de las entidades de crédito ejecutantes, a las que el ejecutado deberá luego pedir vivienda en alquiler, con unas administraciones locales cuyo papel queda notabilísimamente limitado.

En los siguientes enlaces podéis obtener algunas de las ponencias presentadas y, en unos días enlazaremos los audios de algunas de las intervenciones realizadas en las mismas:

Julio Rodríguez López, “Situación del mercado hipotecario y oportunidad de la reforma hipotecaria”.

Ada Colau. Enlace a su libro, editado en CC, Vidas hipotecadas.

Sergio Castells, “Programa de mediación en deuda hipotecaria de Zaragoza”.

Francisco Yague, “Sistema hipotecario y exclusión social”.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Información

Esta entrada fue publicada el 28 enero, 2013 por en Colectivos ciudadanos, Foro Cátedra Zaragoza Vivienda, Jornadas, Políticas sociales, Vivienda.